Si bien la estimación del fraude total al Estado argentino durante el kirchnerismo es compleja y no cuenta con una cifra única final que abarque todas las causas, los montos establecidos por la Justicia en los expedientes más resonantes son categóricos y multimillonarios.

 El caso más emblemático es la Causa Vialidad, en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y otros condenados por administración fraudulenta deben responder solidariamente por el decomiso de una suma que, actualizada por peritos de la Corte Suprema, supera los USD 540.000.000. 

Este valor se calculó sobre los beneficios ilícitos, incluyendo sobreprecios y la cartelización en licitaciones de obras.

A esta cifra se suma un costo adicional para el Estado derivado de fallos internacionales, como la condena de más de 1.330 millones de euros que debió pagar Argentina por la manipulación de las estadísticas del PBI durante la gestión kirchnerista para evitar el pago de bonos de crecimiento. 

Solo los embargos decretados por la Justicia en diez causas de corrupción, buscando recuperar el dinero malversado, ascendieron a 270.000 millones de pesos en años anteriores. 

Estas cifras demuestran el alcance económico del presunto saqueo investigado, que involucra a la figura de CFK en múltiples procesos judiciales.

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