El exfuncionario justicialista y referente del kirchnerismo, Raúl Gerardo Bittel, se encuentra en el centro de la polémica tras realizar una serie de posteos en redes sociales considerados provocadores e innecesarios.

 Las publicaciones hacen alusión a un lamentable suceso ocurrido en la localidad de Taco Pozo, donde un comisario local agredió a un grupo de médicos voluntarios, generando un fuerte repudio social y la intervención de la comisaría.

En un momento en que la sociedad argentina, y en particular la chaqueña, muestra un creciente hartazgo por las confrontaciones políticas, las publicaciones de Bittel fueron interpretadas como un intento de distorsionar los hechos y arengar a la violencia.

 Desde la oposición, donde se encuentra ahora su partido, se lo acusa de burlarse de una situación delicada para generar un conflicto partidario y agredir a quienes no comparten su postura. 

Esta actitud refleja una profunda irritación dentro del justicialismo, que hoy se encuentra en el rol opositor tanto a nivel provincial (con el gobierno de Juntos por el Cambio) como nacional (con La Libertad Avanza).

En este contexto de tensión, la conducta del exfuncionario no hace más que profundizar la grieta.

Lejos de buscar puntos de encuentro o promover el diálogo, su accionar es percibido como un intento de avivar las llamas de una disputa que la ciudadanía ya no desea.

Este tipo de comentarios irresponsables de Bittel deberían llamar a una profunda reflexión dentro de las filas del justicialismo.

 La historia reciente de la provincia del Chaco, marcada por los gobiernos de Oscar Domingo Peppo y Jorge Milton Capitanich, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos y denuncias, desde presuntos desmanejos administrativos que habrían dejado un significativo endeudamiento, hasta investigaciones judiciales que han involucrado a exfuncionarios. 

El exgobernador Capitanich, por ejemplo, ha sido citado en causas de alcance nacional como en el caso "Sueños Compartidos", y su gestión ha enfrentado investigaciones por irregularidades en el manejo de fondos. 

Por su parte, el gobierno de Peppo también fue objeto de denuncias de corrupción y malversación de fondos públicos. 

Incluso, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha registrado expedientes en los que se menciona a Raúl Gerardo Bittel.

Resulta paradójico que, ante este historial de acusaciones que los propios dirigentes no han logrado desmentir de manera categórica, persistan comentarios que buscan generar más polarización. 

Es un hecho que la ciudadanía está cansada de la violencia política, los agravios personales y la falta de autocrítica.

 La exhortación a la reflexión no solo debería ser para el exfuncionario, sino para todo el arco político que, desde la oposición, continúa sin reconocer los propios errores que han llevado a una provincia endeudada y a una sociedad desgastada por la confrontación.

 Estos actos de malestar y polarización, además de generar desánimo en la población, hacen que futuros médicos, organizaciones sociales y voluntarios eviten ofrecer asistencia en el interior profundo, como la zona de El Impenetrable, donde la asistencia sanitaria y social es más necesaria.