En las últimas semanas, dos familias del Impenetrable Chaqueño han presentado denuncias penales contra el director del Hospital de Comandancia Frías. Los casos exponen una preocupante situación en torno a la atención médica en la zona.

Primer caso: Juan Aranda denunció que el director del hospital se negó a derivar a su tío, un hombre de 72 años con un alto porcentaje de invalidez, a un control médico esencial. A pesar de la urgencia y la necesidad del traslado en ambulancia, el director habría priorizado otro servicio. Según las palabras de Aranda: "el director G.M. no quiso derivar a su tío porque dicha ambulancia tenía que ir hasta la localidad de Fuerte Esperanza, llevando a otros pacientes, hace contactar denunciante que su tío tiene más de 90% de invalidez, que necesita el cuidado diario de otra persona, como así también es necesario el traslado a sus controles médicos en ambulancia por el estado en el cual se encuentra. Acciona penalmente contra el director G.M. haciéndole responsable si le llegara a pasar algo mayor a su tío".

Segundo caso: Aún más grave resulta la denuncia de Olma Díaz, quien asegura que su hijo de 17 años, con discapacidad, falleció tras una demora en el traslado en ambulancia. A pesar de solicitar el servicio de manera urgente, la ambulancia no llegó a tiempo y el joven tuvo que ser trasladado en motocicleta, lo que finalmente resultó fatal. Díaz afirmó que: "la señora Sonia Oviedo, madre del director del hospital de esta localidad solicitando ambulancia para el traslado de su hijo Salazar Julio Antonio de (F) de 17 años de edad mismos tenía discapacidad por invalidez y se sentía en mal estado de salud donde la señora Sonia Oviedo, le adujo que si iba a ir a la ambulancia al buscarlo el día lunes por la mañana. Pero no fue dicha ambulancia, recibiendo un audio de WhatsApp el día siguiente donde la señora Sonia le decía que no pudieron ir a buscar a su hijo, porque la ambulancia habría salido de urgencia hasta la lotería de Juan José Castelli".

Ambas denuncias han generado gran conmoción en la comunidad y han puesto en evidencia la falta de acceso a una atención médica adecuada en zonas rurales. Las autoridades sanitarias y judiciales deberán investigar a fondo estos casos y tomar las medidas correspondientes para garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse.