En primera instancia, el juez Marcelo Martínez De Giorgi había sobreseído a los ex funcionarios provinciales y municipales que recibieron las obras de las Madres de Plaza de Mayo por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.

Para el juez, los funcionarios fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos” de los que idearon la maniobra.

Entre los funcionarios sobreseídos también estaban Marcelo Cascón (ex intendente de Bariloche), Omar Ahmed Abboud (ex titular del IVC), Ricardo Adolfo Escobar (ex Ministro de Coordinación de Gabinete de la Provincia de Misiones), Carlos Adrián Pisoni (ex titular del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires).

Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa cuestionó el rol asignado a los funcionarios locales, que tenían la obligación de controlar las obras. Algo similar planteó la Unidad de Información Financiera. “Los imputados tuvieron en sus manos la obligación de controlar, y no lo hicieron...y, no obstante ello, autorizaron pagos en condiciones irregulares”, dijo esa querella.

Chaco fue la provincia que concentró la mayor cantidad de casas en el interior.

La gobernación de Chaco también firmó tres convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir hospitales: Avia Terai, Concepción del Bermejo y Santa Sylvina.

Pese a los argumentos de la Fiscalía y de la UIF, la Cámara Federal finalmente confirmó los sobreseimientos dictados por Martínez De Giorgi a fines del año pasado. Los camaristas concluyeron que “a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la pesquisa y la basta prueba colectada, sus agravios (de los apelantes) se limitaron a disentir esa solución sin proponer avanzar en algún sentido respecto a las situaciones procesales de los imputados”.

De esta manera, en el juicio sobre el plan “Sueños Compartidos” solo estarán los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala, y el financista Fernando Caparrós Gómez, entre otros.

El juicio –todavía sin fecha– estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigadas en Los Sauces y Hotesur.

El escándalo arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero esa investigación terminó siendo un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.

La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 de los $750 millones destinados al plan de viviendas. El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).

Durante la investigación, se constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.

La semana pasada, la Cámara Federal también había confirmado el sobreseimiento de María Alejandra Bonafini, de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, y de la ex mujer de Sergio Schoklender, Viviana Sala, entre otras personas.

Fuente: Infobae.