El jefe de la Policía Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y la directora Ejecutiva del Centro de Análisis Comando y Control Policial (CEAC) Mariela Aguirre presentaron su renuncia al cargo por diferencias con el gobernador Jorge Capitanich y la ministra de Seguridad Gloria Zalazar.

“Hace media hora acabo de firmar la renuncia al cargo del Jefe de la Policía, están llevando la nota a Casa de Gobierno a consideración de la señora ministra de Seguridad y del Señor Gobernador”, manifestó el propio Romero en diálogo con La Radio.

Según explicó, la determinación “obedece a cuestiones de posturas, desde la institución no estamos de acuerdo en el no reintegro de los cuatro efectivos de la Comisaría 3ª de Fontana”.

Cabe marcar que el Gobierno Provincial con Jorge Capitanich a la cabeza se manifestaron en contra de lo ocurrido en Fontana cuando un grupo de policías irrumpió en una casa del barrio Banderas Argentinas “sin orden de allanamiento”.

“Sin orden de allanamiento y mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas - dos mujeres y dos varones - y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda, tirando balazos con posta de goma y de plomo”, relataron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que además se constituyó como querellante en la causa.

El caso tomó tal trascendencia que hasta el presidente Alberto Fernández se refirió a lo sucedido, celebrando “que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos” y llamando a “trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Pero evidentemente Fernando Romero en particular y la policía provincia en general tienen una posición clara: “Nosotros fijamos nuestra postura de querer reintegrarlos al servicio independientemente de la causa judicial en trámite y la administrativa”.

En ese sentido, el ¿ex? Jefe de la Policía explicó que la norma interna de la fuerza marca que “al no encontrarse en situación de detención o privado de la libertad, el funcionario policial debe reintegrarse al servicio, sujeto a la resulta de las causas”.

“El Ejecutivo no lo entiende así, entiende que deben permanecer en pasiva por delito, no estamos de acuerdo entonces yo como jefe de Policía no puedo seguir trabajando ante esta situación”, declaró.

Pero además, Romero informó que “el dictamen nuestro, de Asesoría Legal, aconseja el reintegro” y expuso que “nuestra ley de Personal Policial establecía una situación de pasiva por delito de aquel funcionario policial privado de la libertad o con proceso judicial en trámite, eso era con el viejo Código Procesal Penal de la Provincia cuando aún existía el instituto del autoprocesamiento. Ese instituto se ha extinguido con la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, por lo tanto dejamos de aplicar la pasiva por delito porque no teníamos fundamento con el nuevo código, únicamente lo mantenemos cuando el empleado está detenido, para otra situación no lo contemplamos”.

“Nosotros sostenemos nuestra postura, la institución sostiene su postura que no es de ahora, sino hace ya más de 15 o 20 años”, dijo y a continuación planteó que de continuar con el temperamento del Ejecutivo, terminará afectando a unos 900 efectivos.

“Ahora con este caso muy particular quieren aplicar la pasiva por delito cuando sentaría un precedente para nosotros porque hoy tenemos aproximadamente 900 policías procesados en libertad que habría que pasarlos a pasiva por un proceso judicial en trámite”, remarcó Romero.

“Si aplicamos la norma con los policías de Fontana, deberíamos hacerlo con los 900 que tienen un proceso judicial en trámite, imagínese 900 apartados del servicio por una simple denuncia de un vecino o alguna denuncia insignificante”, observó.

Al ser consultado sobre si su decisión tiene vuelta atrás, Romero marcó que “mientras se mantengan en la postura de no reintegrar a los funcionarios policiales, yo no voy a declinar mi dimisión”.

Cabe recordar que los efectivos policiales Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera, Cristian Flores y Cristian Benítez que estaban detenidos en la causa desde el 9 de junio, con domiciliaria desde el 24 de junio, fueron puestos en libertad el pasado miércoles tras un fallo de la jueza de Garantías Nº 3 Rosalía Zózzoli.

En declaraciones públicas Romero había manifestado que los efectivos volverían a cumplir funciones desde este lunes, pero luego desde el gobierno provincial a través de un comunicado oficial dejaron claro que no serían reintegrados.

Ante la situación, el Ejecutivo primero deberá decidir sobre las renuncias de la cúpula policial y, de aceptarlas, deberá pensar en reemplazantes, aunque está claro que no será fácil teniendo en cuenta que deberán buscar a alguien que coincida con la postura del gobierno de mantener apartados a los efectivos involucrados.

Romero asumió en la Jefatura de la Policía en febrero del 2019, bajo el mandato de Domingo Peppo. En diciembre, ante el cambio de gobernador, fue confirmado por Jorge Capitanich para continuar en el cargo: “Me pidieron seguir trabajando de la manera lo venimos haciendo", había dicho en aquel tiempo.







 

Fuente: diariochaco.com.