También le colocarán una tobillera electrónica y se deberá presentar en Tribunales cada 15 días. Luego de cuatro años y dos meses en prisión preventiva, Báez irá a vivir a una casa ubicada en un barrio privado de Pilar porque ya tenía otorgada la prisión domiciliaria en otra causa, por la compra de un campo en Uruguay.

La Sala IV de la Cámara de Casación le había ordenado esta mañana al Tribunal Oral Federal 4 que resolviera otra vez sobre un planteo de su defensa en la causa conocida como M&P, donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones.

Casación tuvo en cuenta la opinión del fiscal Abel Córdoba, quien se había expresado a favor de la libertad de Báez. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo el fiscal.

En ese mismo dictamen, Córdoba sugirió que se utilice una pulsera electrónica con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 kilómetros del tribunal, y se fije una fianza “en el equivalente en pesos a USD 5.500.000”.

Ese monto surge de la diferencia entre el monto que se había depositado en una cuenta en Bahamas, unos USD 10 millones, y el dinero que la Justicia logró congelar, unos USD 4,5 millones. Finalmente, el TOF 4 fijó esa fianza en $632 millones, tomando el valor del dólar blue. Desde su defensa dijeron que ya están trabajando para contratar un seguro de caución.

Báez obtuvo la excarcelación en la causa conocida como “M&P”, otra empresa de la familia, que ya fue elevado a juicio oral. La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

La investigación de M&P arrancó en julio de 2016 a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS). Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.

Algunas de las empresas utilizadas eran fantasmas, según determinaron el fiscal Guillermo Marijuán y el fiscal Sebastián Casanello. Una de ellas, Xhoris, figuraba a nombre de un cuidacoches que trabajaba en una esquina de la ciudad de La Plata y admitió ante la Justicia que firmó los papeles a cambio de dinero. En otra de las firmas, Indigo SA, aparecía el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez. Esa firma –también investigada en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)– hizo una transferencia de $2 millones a Austral por la supuesta compra de hormigón. Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa, se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.

En ese juicio, además de Báez, serán juzgados sus hijos Martín y Luciana y otras 15 personas.

El empresario recibió la excarcelación en ese expediente pero quedará detenido en su nueva casa porque ya le habían otorgado la domiciliaria por la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”. “A raíz del temperamento aquí adoptado debe aclararse que, de cumplirse con las obligaciones aquí impuestas en forma previa, la excarcelación del imputado del modo dispuesto en la presente no se hará efectiva a tenor del arresto domiciliario ordenado en aquella causa”, dice el fallo del TOF 4.

Báez está detenido de forma preventiva desde el 6 de abril de 2016. Su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.

El juicio por “la ruta del dinero K” está a un paso de la sentencia. El TOF 4 ya tuvo que suspender tres veces la reanudación del mismo por videoconferencia. La nueva fecha prevista es el 22 de julio. Báez había cuestionado esa metodología, que lo iba a obligar a seguir el juicio desde la cárcel de Ezeiza junto a su hijo Martín. El empresario también está siendo juzgado en el caso de la obra pública. En ese caso ni siquiera hay una fecha prevista para retomar las audiencias.