“Hay mucha droga que entra en El Sauzalito, vemos que nuestros jóvenes se drogan cada vez más chicos”, dice. De recorrer casa por casa de sus alumnos advierte los mismos problemas que existían antes de la cuarentena, aunque se agravaron por el aislamiento.

“Vamos a domicilio para ayudar a explicar algunos temas, pero como la madre o el padre es analfabeto no se puede hacer mucho”, describe.

Otro de los problemas vinculados estrictamente con lo escolar es de los más pequeños, que este año empezaron el primer grado están muy atrasados.

Mientras que entre los demás es frecuente que entren un año o más tarde a la escuela, cursen con sobreedad o repitan el grado. Para ella, algo con que se contribuiría a resolverlo es intensificando la mirada y la atención de escuelas interculturales.

“Falta una mirada especial a la educación bilingüe. Estamos olvidados, es como que se la deja de lado. Alguien nos tiene que escuchar, estamos sin acceso a internet. Queremos igualdad de oportunidades”, remarca.

Además vía telefónica con este medio insiste en la necesidad de mayor intervención estatal: “Queremos seguridad y que se controle la venta de alcohol. El Sauzalito es chico y se puede intervenir. El gobierno nacional y provincial pueden ejercer más control. Nos dijeron que además de una oficina de Derechos Humanos habría otra comisaría, un área antidrogas y mayor presencia de Gendarmería. Ojalá cumplan”, dijo. 

Por un mayor control y sin abuso institucional

A principios de mayo la guardia indígena comunitaria advertía: “Mientras muchos miran hacia otro lado nuestros montes siguen desapareciendo a causa de la tala indiscriminada, el contrabando ilegal de mercaderías y el tráfico de drogas sigue ingresando”.

“Queremos hacer valer nuestros derechos y respetar a los demás. Pedimos la radicación de Gendarmería y pedimos respeto, sin abuso policial como vino sucediendo”, señalaron.

Desde El Sauzalito la docente cuenta que un compañero fue detenido y se insistió para que hoy está libre, pero que en la comisaría fue torturado.

“Lo llevaron hasta Fuerte Esperanza y lo que vivió lo afectó sicológicamente. No mató ni violó a nadie. Había descubierto que una señora llevaba droga. Él quiso defender a nuestra comunidad”, apela. 

Nadie va a cuidar el monte como los wichí

Del monte “se llevan la madera, nuestra naturaleza, hay aserraderos ocultos, locales que ayudan a intereses que vienen de afuera”, denuncia Elvecia. De esa manera explica por qué respalda a una organización indígena que busca defender lo que más conoce y valora.

“Me parece perfecto que haya una guardia como Whasek, porque ni el Estado, ni el gobierno ni otros referentes que están como autoridad o gobierno lo van a hacer. Nadie va a cuidar nuestro ambiente como los wichí”, proclama. La imagen que identifica al espacio comunitario es un sapo (whasek) que se infla aumentando varias veces su tamaño ante una amenaza o un predador.

“Acá hay muchas organizaciones que decidimos unirnos. Estos son nuestros territorios, individual y colectivamente”, dice al referirse a las 100.000 hectáreas que forman parte de una reserva indígena. El extenso territorio es una de las recientes cesiones de títulos de propiedad que gestionó el gobierno provincial después de décadas de discusión con otros pobladores no indígenas.

Fuente: Diario Norte.