tenemos que mirar sólo la teta del Estado. Tenemos que ver cómo crecemos de otra forma”, dijo el gobernador Domingo Peppo en 2018, entusiasmado con el proyecto de ley de retiro voluntario que había presentado para reducir la planta de empleados públicos.

“El Estado está saturado”, repitió insistentemente para graficar que el empleo público había “crecido demasiado”, hasta desequilibrar las cuentas de la Provincia y empujarla al déficit fiscal.

“En el Chaco somos 1.300.000 personas y hay 110 mil que van por la teta del Estado”, calculó sumando la Provincia, los municipios y todos los organismos oficiales. Y deseó: “Si conseguimos el retiro de 7 mil agentes sería ideal”.

Pero su plan de retiro voluntario está muy lejos de cubrir sus expectativas de reducir un 10 por ciento la nómina de personal. Tan es así que el último día de diciembre, cuando venció el plazo original, sólo habían sido aprobadas 85 solicitudes.

Con el fracaso del retiro voluntario a la vista, el Poder Ejecutivo solicitó a la Legislatura la extensión del plazo por cuatro meses, con lo que los interesados podrán acceder a la propuesta hasta el último día hábil de abril.

La prórroga parece haber incentivado a los estatales, ya que en apenas un mes el número se incrementó sustancialmente y a fines de enero las adhesiones llegaron a 864 y la proyección es llegar a entre 1200 y 1300 a fines de abril, según dijo en Libertad la subsecretaria Ibis Monguet.

Aunque el “incentivo” para adherir parece ser otro. Según denuncian en las redes sociales, varios organismos recibieron instrucciones para implementar compulsivamente un número determinado de retiros “voluntarios”.

Aún no hay un relevamiento de qué función cumplen los agentes adheridos, pero la funcionaria puso como ejemplo las bajas solicitadas en “áreas sensibles” como Salud Pública, entre ellas las de muchos médicos, a contramano de las necesidades del sistema que permanentemente demanda más profesionales y técnicos.

Fuente: HDP Noticias