El Gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso proyecto de reforma laboral que busca modificar las normas que regulan las relaciones de trabajo en la Argentina. 

El borrador, elaborado por la comisión técnica laboral del Consejo de Mayo, propone un tope de 10 sueldos a las indemnizaciones por despido sin causa, eliminando el criterio actual de "un mes por año trabajado", además de excluir del cálculo conceptos como el aguinaldo y los bonos.

 Este punto, junto con la propuesta de que las pymes puedan pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas, será clave en el debate del Congreso y enfrenta un fuerte rechazo de la CGT y sectores opositores.

El proyecto también plantea la reintroducción de los "beneficios sociales" (similares a los antiguos ticket canasta) que no serían considerados parte del salario ni sujetos a aportes, lo que según los gremios abre la puerta a la precarización salarial. 

Otro eje es la creación del concepto de "salario dinámico" que habilitaría aumentos diferenciados por productividad o mérito, lo que la CGT considera que "habilita la negociación desigual". 

Además, se proponen cambios en la jornada laboral, el fraccionamiento de vacaciones y se introducen restricciones al derecho a huelga en servicios esenciales, exigiendo una cobertura mínima del 75% o 50%.

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