La justicia federal confirmó que el actual diputado y candidato José Luis Espert utilizó en 35 oportunidades los aviones del empresario Federico "Fred" Machado durante el año 2019, período en el que fue candidato presidencial. Esta información se desprende del expediente a cargo del juez Martínez de Giorgi, en una investigación que apunta a los presuntos vínculos de Espert con el empresario, quien está detenido en Argentina y es requerido por la Justicia de Estados Unidos por causas ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.

Los registros judiciales indican que los 35 traslados se realizaron entre enero y diciembre de 2019, todos dentro del territorio argentino. Se comprobó que, en cinco de esos vuelos, Espert y Machado compartieron el trayecto. La empresa propietaria de las aeronaves es Med Aviación S.A., vinculada a Machado. En un descargo ante la justicia, Espert admitió haber usado los aviones con "fines electorales", pero negó tener conocimiento de que pertenecían a Machado o participar personalmente en su contratación, alegando que los vehículos eran provistos por el sello partidario para el que se postuló.

Avances y Complicaciones en la Causa
La situación de Espert se complejiza con nuevas revelaciones, incluyendo una transferencia de 200 mil dólares que una socia de Machado, ya condenada en Estados Unidos, habría realizado al diputado en febrero de 2020, poco después de la campaña. Aunque inicialmente Espert había negado la transferencia en declaraciones públicas o mencionado un único vuelo, la documentación bancaria y las declaraciones en la causa han debilitado su defensa.

En un reciente pronunciamiento, el diputado reconoció la recepción de los USD 200.000, pero los atribuyó a un pago por su actividad privada como consultor, posterior a su campaña, desvinculándolos de cualquier aporte electoral. No obstante, el primer denunciante del caso señala que la empresa de aviación que habría realizado el pago forma parte de un entramado de 25 "empresas fantasma" utilizadas para lavado de dinero, desmoronando el argumento de una asesoría privada. El juez federal Lino Mirabelli solicitó certificar la causa de Martínez de Giorgi para evaluar una posible unificación de expedientes con otra denuncia impulsada por Juan Grabois.

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