La localidad de El Sauzalito, en el corazón del Impenetrable chaqueño, vive momentos de tensión a raíz de las auditorías que el Gobierno nacional está realizando sobre las pensiones por invalidez. 

Esta situación ha llevado a una confrontación directa entre la comunidad y el doctor Javier De Domingo, médico de la zona con una larga trayectoria, quien ha denunciado públicamente ser víctima de "aprietes" y extorsiones por parte de beneficiarios preocupados por perder su asistencia.

De Domingo, conocido también por su pasado como candidato a intendente y crítico de gestiones municipales anteriores caracterizadas por el abandono de la infraestructura y denuncias de corrupción, expuso su posición a través de su cuenta de Facebook.

 En una publicación que se viralizó rápidamente, el médico expresó su frustración ante la presión constante que sufre en el centro de salud, donde personas que antes no se acercaban, ahora lo buscan masivamente para que les elabore historias clínicas que respalden su situación.

"Ahora todos los pensionados de Sauzalito y su área de influencia, andan preocupados. Todos lo buscan al Dr. Javier para que le realicen historia clínica, pero cuando yo necesite no se acordaron de mi," escribió en su publicación, reflejando su descontento.

 El doctor no se detuvo ahí y cuestionó la legitimidad de muchos de estos beneficios, aludiendo a la falta de necesidad real de los receptores. "Demasiado tiempo vivieron a costilla de lo que aportan con su trabajo. No será momento que empiecen a trabajar!!!!. El que no aprovechó y no hizo nada por su vida, no es culpa de los médicos.Hay gente que realmente debe tener su pensión. El resto no le corresponde," sentenció.

 También hizo un llamado a la comunidad para que cesen las molestias en el área de guardia, la cual debe estar disponible para emergencias reales.

La postura del médico se alinea con la política del gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión ha puesto la lupa sobre las pensiones no contributivas (PNC). Las autoridades han manifestado que detectaron un gran número de irregularidades y beneficios otorgados de manera indebida. 

Según datos oficiales, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, está revisando miles de pensiones con el objetivo de dar de baja aquellas que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios. 

Los controles buscan verificar la documentación, el nivel de ingresos del beneficiario y su entorno familiar, así como confirmar que la discapacidad o condición que justifica la pensión esté debidamente certificada.

 Esta revisión ha generado preocupación y resistencia en distintas localidades del país, siendo El Sauzalito un claro ejemplo de las tensiones que se generan en el terreno.

Las auditorías, según comunicados del gobierno, buscan asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes verdaderamente lo necesitan, es decir, a las personas en situación de vulnerabilidad social y con discapacidad comprobada, y no a quienes, de manera fraudulenta, obtuvieron un beneficio que no les corresponde.

 Este es precisamente el punto que el doctor De Domingo defiende, resaltando la necesidad de que el sistema beneficie a los más necesitados.