Lunes 1 de Septiembre de 2025

NACIONALES

1 de septiembre de 2025

PRIVATIZACIÓN DE CORREDORES VIALES: 8.000 KM DE RUTAS PASARÁN A MANOS PRIVADAS.

Por: Leo Viña

EL GOBIERNO FORMALIZÓ LA DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA ESTATAL Y CONCESIONARÁ 16 TRAMOS DE RUTAS Y AUTOPISTAS.

El Gobierno nacional ha formalizado el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que actualmente gestiona más de 6.000 kilómetros de rutas en todo el país. 

Según la resolución 1284 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, se establece un plazo de 12 meses para concesionar cerca de 8.000 kilómetros de tramos viales a través de un esquema de peajes.

 Esta medida se enmarca en la Ley Bases de 2024 y el decreto 95 de febrero de 2025.

El proceso se llevará a cabo en tres etapas, iniciando con la licitación de la “ruta del Mercosur”, que incluye tramos de las rutas 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. 

Se espera que esta primera licitación marque el inicio de la transferencia de la red vial a manos privadas, lo que significará la eventual disolución de Corredores Viales.

La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a negociar la extinción de los contratos vigentes, a proponer la división de la red en nuevos tramos de concesión y a relevar el estado de las rutas.

 Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará la valuación de activos. Se espera que todo el proceso licitatorio se realice a través de la plataforma ContratAR.

Las etapas de privatización abarcan un total de casi 8.000 kilómetros. La primera etapa, ya en licitación, se centra en la ruta del Mercosur.

 La segunda etapa incluirá autopistas como la Riccheri, la Ezeiza-Cañuelas y la Newbery, además de las rutas nacionales 3, 5 y 7.

 Finalmente, la tercera etapa abarcará otros ocho tramos, incluyendo la ruta 9 (Rosario-Córdoba y Santiago del Estero-Salta), la ruta 19 y segmentos de las rutas 34, 66, 1V66 y A-016. 

Con este plan, el Gobierno busca transferir la totalidad de la red a concesionarias privadas en un plazo de un año, lo que culminará con la desaparición definitiva de la empresa estatal.



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