La Causa Vialidad: El Núcleo de la Cifra.

El caso que investigó el direccionamiento de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez ha sido el principal foco en la cuantificación del daño patrimonial al Estado. Si bien la sentencia de primera instancia en la Causa Vialidad estableció un decomiso inicial de $84.000.000.000, las proyecciones más recientes, que consideran la actualización por inflación, elevan esta cifra a aproximadamente $600.000.000.000 a $650.000.000.000. Esta cifra, la más grande y con respaldo en un expediente judicial concreto, ilustra la magnitud del presunto desvío de fondos públicos.
Otros Casos Emblemáticos y Sus Montos.

Si bien la cifra de $650.000.000.000 se concentra en la Causa Vialidad, otros expedientes también revelan cuantiosos montos de dinero:
 * "La Ruta del Dinero K": En esta causa de lavado de activos, la Justicia confirmó la condena a Lázaro Báez por lavar U$S 55.000.000. Adicionalmente, en investigaciones ligadas a la fuga de capitales, se han identificado hasta U$S 150.000.000 presuntamente derivados de hechos de corrupción y transferidos al exterior.

 * Causa "Cuadernos": Este caso, que destapó una vasta red de sobornos a cambio de contratos de obra pública, no tiene un monto de "fraude" directo al Estado cuantificado de la misma manera que Vialidad. Sin embargo, análisis económicos han estimado que el perjuicio potencial de los sobreprecios y coimas podría haber ascendido a U$S 42.500.000.000 a valores actualizados de 2015, marcando un impacto macroeconómico considerable.

Una Aproximación a la Magnitud
Mientras que una cifra "total" unificada sigue siendo esquiva debido a la complejidad de los procesos judiciales, la estimación de $650.000.000.000 en la Causa Vialidad ofrece una dimensión contundente del presunto perjuicio. A esto se suman los cientos de millones de dólares vinculados a lavado de dinero y fuga de capitales en otras investigaciones.

Es crucial entender que estas cifras son el resultado de investigaciones judiciales en curso o con sentencias que aún pueden ser apeladas, y no constituyen un monto final y abarcador de todas las acusaciones de corrupción. Sin embargo, brindan una aproximación clara a la escala del desafío que la justicia argentina enfrenta en su lucha contra la corrupción.

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