Entre las disposiciones del rubro salud para la desregulación de la economía anunciadas por Milei, se retirará la intervención estatal en la producción, distribución y comercialización de medicamentos y vacunas, se desfinanciará la producción pública a bajo costo y se autorizará la comercialización -de los medicamentos de venta libre- en cualquier tipo de comercio. Además, se eliminará la obligatoriedad de que haya un profesional idóneo presente en las farmacias.

El artículo 313 del DNU sustituye el primer y segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 17.565, que reglamenta la actividad farmacéutica. En este sentido, se suprime la exigencia de que "los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas". También deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que "la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia".

El Ceprofar remarcó que la venta de medicamentos fuera de las farmacias genera riesgo sanitario y aumento de precios. Por otro lado, la entidad manifestó que la ausencia de profesionales farmacéuticos que realicen y controlen las transacciones privará a la comunidad de su función esencial en el asesoramiento y seguimiento de los tratamientos de los pacientes, al tiempo que fomentará la automedicación.

El decreto elimina también el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, iniciativas que intervenían en el mercado para abaratar precios de medicamentos clave en el tratamiento de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, diabetes y anticonceptivos.

Al habilitar a las droguerías a entregar medicamentos al público, la venta directa desde los laboratorios causará distorsiones en la distribución y coartará la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos.

El rubro salud abarca 61 de los 366 artículos que tiene el decreto dividido en 16 áreas temáticas. El Gobierno justifica los cambios legales en este sector al argumentar "que frente a la crisis del sistema de salud es imperativo lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones, lo que en definitiva redundará en un beneficio directo para la población en general".

Diario Norte