A las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, una explosión sacudió Once con una onda expansiva que afectó a más de mil viviendas en seis cuadras a la redonda.

El recuerdo del atentado que había sufrido la embajada de Israel, en marzo de 1992, aún estaba fresco en la memoria de los argentinos, que volvían a revivir con el ataque a la AMIA escenas de dolor, destrucción y muerte.

El entonces juez federal Juan José Galeano asumió la investigación y estableció, a los pocos días del hecho, que el ataque había sido perpetrado por un terrorista suicida que chocó una camioneta Traffic cargada de explosivos contra la entrada de la mutual.

El hallazgo de un block perteneciente al motor de este vehículo, entre los escombros del edificio por parte de militares israelíes que participaron de las tareas de rescate, permitió establecer esta línea de investigación.

Por los datos extraídos del block se identificó al vendedor de la camioneta: Carlos Telleldín, un comerciante de autos usados que solía tener tratos con efectivos de la Policía bonaerense.

Al ser rastreadas las llamadas telefónicas realizadas por Telleldín, se detectó que una semana antes del atentado habló con Alberto Kannanore Edul, un empresario de origen sirio ya fallecido.

Entre la documentación que se le secuestró a Edul, se encontró una agenda en la que figuraba el nombre de Moshe Rabbani, consejero cultural de la embajada de Irán.

Con esa información, Galeano viajó a Venezuela donde se entrevistó con un disidente y ex funcionario del régimen iraní llamado Manuchur Moatamer, quien le explicó cómo operaban las células dormidas que utilizaba Teherán en diversos países.

En base a esa información, el funcionario judicial avanzó sobre la hipótesis de un atentado ejecutado por la organización Hezbollah y financiado por el gobierno de Irán.

El juez investigó las vinculaciones de Moshen Rabbani, un clérigo persa que dirigía una mezquita en el barrio de Flores, y conjeturó que había sido quien ideó el ataque a la AMIA desde Irán.

En 1997, el magistrado viajó a París y se reunió con integrantes del MKO, una organización opositora al régimen teocrático de Irán, quienes le suministraron los nombres de los funcionarios que habrían planeado la voladura de la mutual.

Galeano cometió numerosas irregularidades en la causa, entre ellas, pagarle 400.000 dólares a Telleldín con fondos de la SIDE para que implicara a un grupo de policías bonaerenses (liderados por el subcomisario Juan José Rivelli) como armadores de la camioneta que estalló en la calle Pasteur. Acusado de mal desempeño, el juez que instruyó en la causa del ataque a la AMIA, quedó destituido en 2004 por una comisión de juicio político.

Un año antes, y tras un proceso oral que se prolongó durante meses, Telleldín y los policías quedaron libres de culpa y cargo por el tribunal que los juzgó. La sentencia que benefició a Telleldín fue recurrida y la actualidad afronta un nuevo juicio acusado como “partícipe necesario” del atentado que se sigue oral en el Tribunal Oral Federal 3.

Tras la destitución de Galeano, la causa pasó a manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en 2006 cursó un pedido de detención contra ocho funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente del país Alí Rafsanjani; el embajador Hadi Soleimanpour y el imán Moshen Rabbani.

Irán desestimó las acusaciones y rechazó los pedidos de captura por considerar que "no estaban correctamente fundados y no existían pruebas que los avalaran".

En enero 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó en África "un memorándum de entendimiento" con Irán, que luego ratificó el Congreso Nacional, para que los acusados declaren en la causa en un país neutral o en Teherán.

Dirigentes de la comunidad judía lo rechazaron y tramitaron ante la Justicia una declaración de inconstitucionalidad que resultó avalada por la Sala I de la Cámara Federal.

El gobierno de Fernández recurrió esa decisión "por considerar que se trata de una medida arbitraria" pero a poco de asumir, la administración de Mauricio Macri desistió de seguir con esa apelación, y en consecuencia, el memorando con Irán –que nunca fue aprobado por el Estado Islámico-- quedó definitivamente sin efecto.

En tanto, tras 26 años, los familiares de las víctimas luchan contra el olvido y aguardan por una justicia que castigue a los responsables de esta masacre.