“Cualquier tipo de tortura o trato inhumado generan un daño irreparable e irreversible en la sociedad”, subrayó Capitanich y manifestó la necesidad que el proyecto de transforme en ley, para así propiciar un espacio colectivo que garantice los derechos humanos para sostenerlo como política de Estado.

Las autoridades nacionales que participaron del encuentro fueron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, junto al secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos Agustín Di Toffino y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y ex secretario de DDHH de la Nación, Juan Martín Fresneda.

Pietragalla celebró la iniciativa del Gobierno provincial. "Felicitamos la rápida acción del gobernador y el equipo de gobierno de llevar adelante un mensaje claro de que en la provincia no se va a permitir el abuso, la tortura y la violencia institucional", dijo, y agregó que "el modelo que presenta Chaco va a ser tomado para el resto de las provincias".

Juan Martín Fresneda expresó “una gran satisfacción” frente a la responsabilidad asumida por el gobierno chaqueño. “Este es un compromiso ético para con la prohibición de la tortura y que muchos de nosotros lo asumimos como una responsabilidad institucional pero también como un deber personal”, manifestó, y resaltó que “el proyecto supera a todos los nacionales en el sentido de que durante muchos años costó que todas las provincias sancionen sus propios mecanismos contra la tortura”.

También estuvo presente Enrique Font, ex presidente del Subcomité para la Prvención de la Tortura y otros tratos o penas crueles (SPT) de Naciones Unidas y ex comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), quien ratificó: "estamos convencidos que este es el camino", en referencia a la impronta que atraviesa al proyecto.

Además participaron Jen Jarab, representante regional de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Yulia Babuzinha, de la Oficina Regional de la ACNUDH; Carmen Comas, experta del SPT; y Audrey Muralt, secretaria General Adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

Mientras que por Chaco estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Hugo Sager.

La representante de la ONU, Yulia Babuzhina, indicó que esta iniciativa da solución para establecer un diálogo cooperativo a través de un consejo consultivo, y resaltó la presencia de los organismos nacionales e internacionales, “lo que refleja la voluntad y el compromiso estatal de la Argentina en derechos humanos, así como la obligación permanente de garantizar funcionamientos eficaces de los mecanismos contra la violencia”. 

Participación ciudadana con perspectiva de derechos humanos

El proyecto de ley propone que el comité esté conformado en su totalidad por referentes de la sociedad civil, suprimiendo la participación estatal. Para ello, se convocará a concursos de antecedentes y oposición con un tribunal externo y multi-agencial que garantice la idoneidad.

Además es acompañado por otras iniciativas que vinculan derechos humanos con políticas de seguridad democrática como ser la creación formal de la Guardia de Derechos Humanos, la institucionalización de la Dirección de Control Policial, y el programa de capacitación permanente en derechos humanos, género e interculturalidad para las y los miembros de las Fuerzas Armadas.

En esta línea, el gobernador indicó que habrá una reforma estructural en el sistema de formación de las fuerzas policiales, lo que implica que en los niveles de oficiales y suboficiales se deba garantizar la terminalidad de la educación formal, a lo que se sumarán especialidades, diplomaturas y maestrías con el fin de contar con una fuerza profesional e idónea moral y éticamente.

La provincia del Chaco fue pionera a nivel nacional y regional en la constitución de un mecanismo local de prevención de la tortura, siendo el primer Estado provincial en cumplir con la obligación surgida de la Convención Contra la Tortura y el Protocolo Facultativo, poniéndose a la vanguardia en materia de Derechos Humanos.

Capitanich destacó la importancia del CPT en la política provincial de derechos humanos. “En el 2007 trabajamos bajo la premisa de que la política de derechos humanos era una política de Estado. La que debía ser garantizada por el Ejecutivo Provincial quien buscaría el máximo nivel de consenso social para su implementación”, señaló. Así recordó la participación activa del Estado provincial como querellante en los juicios por lesa humanidad que estaban inconclusos.

Derechos humanos, una política de Estado

La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, señaló que la reunión significó una manifestación de apoyo al proyecto de ley de modificación y fortalecimiento del Comité para la Prevención de la Tortura, presentado por el gobernador en la Legislatura. Valoró el apoyo de Naciones Unidas y garantizó el respeto institucional a la línea de las recomendaciones internacionales sobre lo que se considera óptimo para la prevención de la tortura.

“Se espera el pronto tratamiento en la Cámara de Diputados, tanto de este proyecto como posteriormente de la estructura orgánica del Comité, que está contenido también en la solución amistosa del Caso Greco”, agregó.

En la misma sintonía, Hugo Sager indicó que espera que la ley se sancione debido al objetivo que se persigue. “Este proyecto mantiene el espíritu de la provincia manifestado en su Constitución y lo que busca es una composición pluralista e intercultural, respetando la idiosincrasia de nuestro pueblo y naturalmente con una visión de preservación de los derechos humanos”, dijo.