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14 de julio de 2020

Crisis en la Policía de Chaco: aún continua la falta de acuerdo por parte del Ejecutivo Provincial

El desplante de la cúpula policial al gobierno de la Provincia sigue trayendo cola. Mientras se espera la decisión de Capitanich respecto a la renuncia de Romero y demás funcionarios policiales, el gobernador mantuvo reuniones virtuales con varios referentes de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

Ayer el propio jefe de la Policía Fernando Romero dio a conocer que presentó su renuncia al cargo, junto con el subjefe Ángel Domínguez y la directora Ejecutiva del Centro de Análisis Comando y Control Policial (CEAC) Mariela Aguirre, por no coincidir con el gobierno en que los efectivos imputados -pero en libertad tras una decisión de la jueza de Garantías Zózzoli- por el violento operativo en Fontana sigan apartados de la fuerza.

 

Es que para Romero desde el momento en que le dieron la libertad a los cuatro policías implicados, debían ser reincorporados a la fuerza, pero desde el Gobierno Provincial se informó que no iban a volver a sus funciones.

 

La decisión de la cúpula policial generó el apoyo de un sector de la sociedad, que incluso llegó hasta el edificio de la Jefatura para manifestarse en apoyo a la determinación de Romero. Las horas pasaban y Romero, Domínguez y Aguirre seguían esperando que desde el Ejecutivo se les informe si sus renuncian fueron aceptadas o no.

 

El aviso nunca llegó, porque desde el Ejecutivo aún no habían tomado o no dieron a conocer una determinación sobre el tema. Pero ahora “Capitanich tiene una decisión tomada”, según afirmó el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo en diálogo con Radio Provincia.

 

“La decisión será del gobernador, es el responsable máximo de la provincia, así como lo establece la Constitución Provincial. Quien no esté de acuerdo con él tiene libertad para manifestarlo y tomar distancia en caso de que crea conveniente”, dijo Chapo y agregó que “lo importante es esperar que el gobernador anuncie la decisión que ya está tomada, y en función de eso se tomarán medidas al respecto”.

 

Además de Chapo, a lo largo de la jornada no hubo otra voz oficial refiriéndose al tema directamente. Aunque pasado el mediodía fue el propio Capitanich el que habló con referentes de Derechos Humanos y dio algunas líneas sobre el tema. “Mantuve una videoconferencia con autoridades nacionales y representantes de Naciones Unidas. Evaluamos el proyecto de ley enviado que propone modificar y fortalecer el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes”, afirmó.

 

En ese marco, el gobernador señaló que “queremos garantizar que el uso del monopolio de la fuerza tenga la rigurosidad de métodos, procedimientos y protocolos en donde la vigencia plena de los derechos humanos implique preservar la vida, el patrimonio y la seguridad de las personas”.

 

“Confiamos en que la democratización de la participación de la sociedad civil, la rigurosidad de los mecanismos de selección y el control sistemático nos va permitir tener la garantía de la plena vigencia de un estado de derecho”, agregó y agradeció a Horacio Pietragall, secretario de Derechos Humanos de la Nación; aAgustín Di Toffino, secretario Ejecutivo del Consejo Federal de DDHH; y a Martin Fresneda, Director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, porque “sus observaciones nos sirven para perfeccionar y garantizar protocolos efectivos en materia de aplicación y que nos permitan tener una fuerza de seguridad #organizada, #idónea y #calificada moral y profesionalmente”. El hashtag resalta los calificativos.

 

En este contexto, cerca de Capitanich creen Romero no puede seguir al frente de la fuerza. Una alta fuente del núcleo duro del gobernador manifestó a este medio que “hay que sacarlo ya; no dejar que renuncie, sacarlo” y se preguntó: “¿Cómo no va a cumplir con una orden del gobernador?”.

 

Según contó, su postura fue transmitida a los funcionarios encargados del tema, a la vez que opinó que el accionar de Romero “no tiene ningún sustento legal” y que sería de gran ayuda “un civil en el Organismo de Control Interno (OCI)” más que en la Jefatura, como algunas versiones lo indicaron, ya que “tiene que haber un control civil que no puede ser solamente la ministra de Seguridad”.

 

Lo cierto es que portazo de la cúpula policial en plena pandemia copó los medios de comunicación, no es para menos, pero según contaron no fue tal el impacto para el Ejecutivo. “Ni parecido a lo del 2013 -levantamiento policial-, de una intensidad muchísimo menor”, resaltaron.

 

El tema aún no tuvo desenlace, mientras se espera que Capitanich anuncie su “decisión tomada”, Romero sigue al frente de la Policía.








 

Fuente 1: diariochaco.com.

Fuente 2: diariosophie.com

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