En la semana, en conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la empresa Vicentin, más allá de algún comentario, tomó por sorpresa a todos generando incertidumbre en el ambiente de negocios. Se escuchan voces a favor y en contra, se confunde opinión con información, y el inicio de la construcción de un relato épico por parte de kirchnerismo, tratando de normalizar una medida totalmente anómala, flamea en los despachos de ministros, diputados y senadores, que responden a la vicepresidente.

Los radicales defendemos el estado de derecho, la no intromisión de un poder del estado en el trabajo del otro.

Una empresa que estaba concursada, cumpliendo la justicia con los plazos y tareas pertinentes; las autoridades del Banco Central y Nación (de la gestión anterior) denunciados e investigados en el Juzgado Criminal y Correccional N 10 de CABA a cargo del juez Ercolini, y del fiscal Pollicita, causa caratulada “Sandleris, Guido y otros sobre posible defraudación”.

Es decir, con todas las garantías que brinda la ley para este tema, no se justifica, bajo ninguna circunstancia, el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente nombrando interventor (sólo el juez de la causa lo puede hacer) y luego, después de este apuro, enviar al Congreso el proyecto de expropiación.  Artículo 17: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

Artículo 109: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Estos dos artículos de nuestras Constitución Nacional son claros y contundentes. El final lo sabemos, es como el nombre de la gran novela de Gabo “Crónica de una muerte anunciada”.

Fuente: https://germanperelli.com.ar/la-novela-vicentin/